Bancos acumulan más de 100 concesiones de agua y el erario cobra 847.9 mdp por no usarlas

El informe Oligarquía o democracia de Oxfam México sostiene que la gestión del agua en el país está capturada por grandes empresas y grandes fortunas, que la tratan como mercancía pese a ser propiedad de la nación, desplazando el derecho humano al agua al margen de la política pública. Uno de sus señalamientos centrales es la presencia de la banca comercial: la organización documenta que los bancos sumaban 183 concesiones de uso agrícola hasta septiembre de 2024 y que a inicios de 2026 conservaban más de 100, usándolas con fines especulativos.

Oxfam argumenta que esa tenencia contraviene el artículo 27, fracción V de la Constitución, que impide a las instituciones de crédito poseer tierras o aguas que no sean estrictamente indispensables para su objeto. Para dimensionar los volúmenes concesionados, el informe recurre a comparaciones: una persona necesitaría vivir 18 millones de años para consumir el agua que las empresas agrícolas extraen en Jalisco en un solo año, 10 millones en Sinaloa y 12 millones en Campeche.

En paralelo, La Jornada reportó que el gobierno federal recaudó 847.9 millones de pesos en el primer semestre de 2026 por la cuota de garantía de no caducidad —el pago que permite conservar concesiones cuyos volúmenes no se han aprovechado en dos años—, un monto 6.1% menor al del periodo comparable de 2025. El instrumento acaba de recibir marco reglamentario propio: el decreto que expide el Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2026 y entró en vigor al día siguiente.

Puntos clave

• Oxfam documenta 183 concesiones agrícolas en manos de bancos hasta septiembre de 2024; más de 100 seguían vigentes a inicios de 2026.
• La organización considera que esa tenencia contraviene el artículo 27, fracción V constitucional.
• El erario captó 847.9 mdp en el primer semestre de 2026 por cuota de garantía de no caducidad, 6.1% menos que en 2025.
• El reglamento de la cuota se publicó en el DOF el 4 de agosto de 2026 y entró en vigor el 5 de agosto.
• El informe enmarca el problema como acaparamiento y especulación, no solo como ineficiencia administrativa.

Implicaciones

La cuota de no caducidad tiene una doble lectura que el sector tendrá que resolver: es un ingreso público y un incentivo al uso eficiente, pero también un mecanismo que permite mantener volúmenes ociosos bajo control privado mientras se pueda pagar. La caída de 6.1% en la recaudación puede leerse como menos volúmenes ociosos —el efecto deseado— o como concesionarios ajustándose al nuevo reglamento; hará falta más de un semestre para distinguirlo. Para las empresas con concesiones, el mensaje regulatorio es que el escrutinio sobre volúmenes no utilizados va en aumento tras las reformas de diciembre a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, y que la vía para conservar derechos pasa cada vez más por demostrar aprovechamiento real: tecnificación, reúso y medición.