Robo de agua: hasta 8 años de cárcel y clausura inmediata bajo la nueva Ley de Aguas

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advirtió que, con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en vigor desde diciembre de 2025, las conductas ilícitas vinculadas a la extracción, disposición y contaminación del recurso pueden castigarse con penas de hasta ocho años de prisión, además de la clausura inmediata de instalaciones y la suspensión de actividades.

El endurecimiento se acompaña del fortalecimiento del Programa Nacional de Inspección, que desplegará brigadas permanentes y aleatorias para vigilar zonas urbanas, agrícolas e industriales. La autoridad federal subrayó que no habrá excepciones: al ser el agua un bien nacional y un derecho humano, su acaparamiento o contaminación ilegal constituye un delito grave contra la sociedad —el llamado "huachicoleo de agua".

CONAGUA hizo un llamado a los usuarios con irregularidades en sus títulos de concesión o en sus sistemas de descarga a regularizar su situación ante las oficinas correspondientes antes de ser sujetos a una inspección, en una transición hacia un régimen de fiscalización más estricto.

Puntos clave

• Hasta 8 años de cárcel por extracción, disposición o contaminación ilícita del agua bajo la Ley de Aguas Nacionales reformada.
• Sanciones adicionales: clausura inmediata de instalaciones y suspensión de actividades.
• CONAGUA refuerza el Programa Nacional de Inspección con brigadas permanentes y aleatorias en zonas urbanas, agrícolas e industriales.
• El robo y acaparamiento de agua —"huachicoleo de agua"— se trata como delito grave.
• La autoridad llama a regularizar concesiones y descargas antes de las inspecciones.

Implicaciones

La reforma traslada el agua del terreno administrativo al penal: por primera vez el robo y la contaminación del recurso conllevan riesgo de cárcel, lo que eleva la exposición legal de la industria, la agricultura y los servicios urbanos. Para las empresas del sector, el mensaje es que el cumplimiento —medición, pago de derechos y tratamiento de descargas— deja de ser opcional; quienes operen con títulos irregulares enfrentan no solo multas, sino clausura y proceso penal. El reto será que CONAGUA cuente con la capacidad inspectora para aplicar la norma de forma homogénea y sin discrecionalidad.